Situación de las y los Prisioneros Políticos en Venezuela

Como venezolana no puedo salir de mi asombro ante el descaro de nuestros gobernantes, cuando oigo al Canciller venezolano, abogar ante la ONU por los presos políticos cubanos en Estados Unidos, campaña esta que lleva además  años en nuestro país a favor de estos cinco ciudadanos, conocidos internacionalmente como “Los Cinco”, quienes por lo que he podido leer confesaron su delito ante las autoridades judiciales del mismo, mientras que en el nuestro, a pesar que en los casi trece años de Gobierno del Presidente Chávez hemos contabilizado alrededor de 170 Presos Políticos, estos se niegan a reconocer tal status. Generalmente se tiene la idea que sólo son Prisioneros y Prisioneras Políticas quienes han emitido opinión contraria a la doctrina del gobierno de turno  o se han alzado en armas, lo que limita que se reivindiquen como tal a quienes están sometidos/as a reclusión en razón a su oposición política no armada o por el desarrollo propio de las circunstancias de cada país. Es por esto que queremos llamar la atención en tener claridades frente a las diferentes gamas de prisioneros y prisioneras políticas existentes en Venezuela, con la finalidad de fortalecer la conciencia y el reconocimiento de tal cualidad. En Venezuela, históricamente, hemos podido identificar tres categorías de prisioneros y prisioneras políticas, ellos son de “Conciencia”, de  “Rebelión Armada Civil o Militar”  y ‘Victimas de Montaje Judicial’. Y así tenemos: 1.-  Prisioneros Políticos de Conciencia, las personas que han expresado su oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembro de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, entre otras, y en razón a ello han sido perseguidas y privadas de la libertad. 2.-  Prisioneros Políticos por motivo  de rebeliones armadas civiles o militares, las personas que se han alzado en armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón a ello han sido privados de la libertad. 3.-  Prisioneros Políticos Victimas de Montaje Judicial,  que son  aquellas  personas que  el gobierno de turno, en conocimiento de que son  una oposición no abierta, pero identificada por este como de peligrosidad para su estabilidad, por razones de  su liderazgo individual  y/o por denuncias efectuadas por el mismo, (siendo los responsables personas allegadas al gobierno) y en razón a ello son perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. Estos son cada día mas, activistas sociales, políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, quienes a su manera y desde sus propias trincheras de lucha representan las múltiples caras de la resistencia social y política, invisibilizada sistemáticamente, gracias a las gestiones gubernamentales, a los ojos de la opinión pública internacional. Desde cualquiera de los tres puntos de vista, en Venezuela, podemos asegurar que  existen  prisioneras y prisioneros políticos en razón a la existencia de ese conflicto social y  político, que deslegitima cada día mas al Gobierno venezolano y   que  ha traído como consecuencia el padecimiento, que sufren y han sufrido mas de 170 ciudadanos, como es el encierro y, como medida accesoria, la tortura  que representa nuestro sistema penitenciario y carcelario, una situación en la que las violaciones de los derechos fundamentales de los presos lo vemos patentizados en el hacinamiento, la constante amenaza al derecho a la vida, las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes, la deficiente o inexistente asistencia médica, la limitada garantía de los derechos humanos, la pésima infraestructura, entre otras, y son padecidas a diario por estos seres. A los presos/as políticos venezolanos se le ha concentrado mayoritariamente en los últimos siete años en tres centros de reclusión, considerados de máxima seguridad, como lo son las sedes de la Policía Política del país (Sebin antes Disip),  el Cenapromil (cárcel militar), ubicada en Ramo Verde, Estado Miranda,  y el INOF, en el caso de las mujeres, donde se  les ha  averiguado, torturado y custodiado. En estos centros han tenido que convivir con la delincuencia común,  así como con afectos al gobierno, lo que en algunos casos ha  agravado la situación ya que permanentemente algunos se han visto enfrentados a situaciones de riesgo. Ahora bien, se ha mantenido como política de Estado, en cada alocución o aparición tanto del máximo líder como de personeros del Gobierno,  el hecho de  negar su existencia, evadiendo así  la solución del conflicto social y  político, además de violar en cada una de ellas sus derechos humanos y fundamentales.  En cuanto al ámbito jurídico, podemos decir que los procesos penales a los que son sometidos los y las prisioneras políticas, en la mayoría de los casos son dilatados y no ofrecen garantías para el ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso. Como primera medida, se debe resaltar que según nuestra Constitución Nacional y leyes adjetivas penales,  la privación de la libertad es una excepción a la regla general, sin embargo, cuando se trata de persecución política o la presunta comisión de un delito político, los operadores judiciales agravan dicha conducta con otro u otros delitos de carácter común, como lo es el terrorismo o el concierto para delinquir, es decir, ya  la figura del preso político no existe, porque para los aparatos represivos e ideológicos es un delincuente común, como un homicida, un corrupto, un delincuente terrorista, con la finalidad de negar el derecho a libertad de la persona sometida al proceso penal bajo el supuesto factor objetivo o porque supuestamente representa un riesgo para la sociedad. La situación en cuanto la defensa se ha visto violentada, por cuanto las garantías que se ofrecen son casi nulas, las visitas de los abogados son limitadas, han tenido que ser en días y horas fijados por los centros de reclusión, mientras que en el caso de los presos comunes son ilimitadas,   las solicitudes de la defensa ante las instancias judiciales son demoradas y/o negadas, y  en muchas ocasiones estas  son resueltas  en forma contraria a las normas establecidas.  Lamentablemente hemos podido apreciar, como sucede en los países sometidos a regímenes autoritarios, como nuestro Poder Judicial se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo, no teniendo capacidad para juzgar independientemente a los presuntos enemigos del gobierno A muchos de los prisioneros políticos se les niegan las medidas alternativas al cumplimiento de la pena o beneficios establecidos a favor de los imputados, como son las medidas cautelares; el acceso al estudio también es limitado, y en caso de que realicen  trabajos dentro de los centros penitenciarios no le son reconocidos por los jueces de ejecución, con la excusa de que no están en un penal con mesas de redención, como si los presos pudieran elegir a que penal ir, y no fuera esto competencia de los órganos jurisdiccionales. Por ello, es importante contar no solo con el apoyo nacional sino que se requiere con mas urgencia el apoyo de la comunidad internacional, que permita difundir las denuncias y pronunciamientos de las y los prisioneros políticos por los diferentes medios de comunicación; exigir al estado venezolano el reconocimiento de estos prisioneros políticos  y el  debido cumplimiento de los derechos humanos, en especial el del debido proceso y buscar las fórmulas que conlleve a la liberación inmediata de las y los prisioneros de conciencia y victimas de montaje judicial, por medio de indultos y/o  una Ley de  Amnistía.                                                                         Jackeline Sandoval de Guevara